Las restricciones que sufren las mujeres con relación al libre ejercicio de su sexualidad y de sus capacidades reproductivas son una forma de violencia que preocupa especialmente en todo el mundo.
A pesar de que no existen instrumentos internacionales específicos que vinculan a los Estados en el reconocimiento y respeto de los derechos sexuales y los derechos reproductivos, las Conferencias de El Cairo (1994) y Beijing (1995) tuvieron un impacto importante y marcaron la ruta hacia su reconocimiento.
Los derechos reproductivos comprenden el reconocimiento del derecho básico de todas las parejas e individuos a decidir libre y responsablemente el número de hijos, el espaciamiento de los nacimientos y a disponer de la información y de los medios para ello y el derecho a alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva. También incluyen su derecho a adoptar decisiones relativas a la reproducción sin sufrir discriminación, coacciones ni violencia, de conformidad con lo establecido en los documentos de derechos humanos.
Por otro lado, existen situaciones que implican, además de la trasgresión de su libertad sexual, una vulneración de sus derechos reproductivos, como en los casos de la anticoncepción forzada o bajo amenaza, los abortos contra su voluntad, los embarazos y maternidad forzados, la mutilación genital o el matrimonio forzado.
Impedir el acceso a la información y a los métodos anticonceptivos, por ejemplo, obstaculizan que la mujer pueda decidir libremente sobre su sexualidad y en su decisión de tener hijos y e que momentos tenerlos.
También los delitos contra la libertad sexual y la trata de mujeres son factores que inciden de forma muy importante en que se vulnere la libertad reproductiva de las estas víctimas.
A pesar de las estadísticas y la evidencia, la mayoría de programas para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres no incorporan el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva. La ausencia de políticas públicas al respecto está ligada a la criminalización de servicios básicos de salud sexual y reproductiva. La criminalización de estos servicios, exclusivos para las mujeres, no solamente reduce el rol de las mujeres a la maternidad sino también constituye una violación sistemática de sus derechos humanos, causándoles sufrimiento físico y psicológico.
En África, la limitación de los derechos sexuales y reproductivos es especialmente grave. Numerosos gobiernos, grupos religiosos, líderes políticos, o incluso personas cercanas intentan dictar sobre el propio cuerpo y la sexualidad, lo que tiene un tremendo impacto en la vida de las mujeres y las niñas. Esta violación se traduce en prácticas como la mutilación genital, embarazos precoces, falta de acceso a anticonceptivos, planificación familiar inexistente, entre muchas otras.
El ámbito de actuación tiene que hacer especial énfasis en la población juvenil, así como garantizar la participación de las mujeres en la toma de decisiones en los servicios de salud sexual y reproductiva y procurar servicios de prevención y atención en materia de violencia de género.
(Este trabajo es elaborado por Bárbara Marques, Blanca Sell y Anaïs Sánchez de Lucas, estudiantes y voluntarias en la FMxA)
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