La Violencia Económica y Patrimonial es otra forma de agresión contra las mujeres. Puede manifestarse en lo doméstico, cuando se produce en el entorno familiar; y en lo laboral, ya sea en el ámbito público o privado.
Se trata de una forma de control y manipulación que se manifiesta a través de la falta de libertad que el agresor impone a la víctima en el acceso a su salario, sus cuentas bancarias, a la comida, ropa o transporte, o en la posesión de terrenos y propiedades. Todo ello, limita a la mujer en el ejercicio de su ciudadanía y sus derechos.
La discriminación de género implica que a menudo las mujeres acaban desempeñando trabajos precarios y mal pagados. La discriminación también reduce el acceso a bienes económicos como la tierra y los préstamos, y limita su participación en el diseño de políticas sociales y económicas.
En el continente africano esta clase de violencia está muy extendida, a pesar de que la mujer ha desempeñado un papel fundamental en el desarrollo económico de África a lo largo de toda su historia. Las mujeres representan más del 50% de la población total de África, y, sin embargo, en 2018, sólo generaron el 33% del PIB. Esto se debe a que la mayoría de las mujeres trabajan en el sector informal no estructurado de la economía, por lo que no han podido acceder a empleos mejor remunerados y de calidad. Esto, a su vez, limita su incorporación a servicios financieros y tecnologías digitales que abren cada vez más las puertas a oportunidades económicas.
Las mujeres siguen soportando de manera desproporcionada, la doble carga que supone trabajar en el hogar y en actividades de producción de bienes y servicios. Con su contribución al trabajo agrícola, comunitario, de comercio formal e informal, son fundamentales para el desarrollo socioeconómico del país. Los hechos así lo avalan: una mayor igualdad de género está directamente relacionada con un mayor PIB per cápita. Si se incorporara a la mujer en el mercado laboral de forma paritaria, África aumentaría en 316.000 millones de dólares el crecimiento del PIB para 2025.
El derecho de las mujeres a las tierras y otros bienes agrícolas incrementaría considerablemente la productividad de su explotación, mejoraría la seguridad alimentaria y reduciría el hambre en las comunidades (sobre todo rurales).
Las mujeres deben tener la capacidad de definir sus intereses y necesidades frente a las de otros. Se debe trabajar para desarrollar sistemas públicos que den respuesta a las necesidades de cuidados, y para dar visibilidad a los aportes de las mujeres a la economía, en especial el trabajo no remunerado y su vínculo con la pobreza de las mujeres.
Invertir en el empoderamiento económico de las mujeres contribuye directamente a la igualdad de género, la erradicación de la pobreza y el crecimiento económico inclusivo. Las mujeres contribuyen de manera muy significativa a las economías, ya sea en empresas, granjas, como emprendedoras o empleadas o trabajando como cuidadoras domésticas no remuneradas. Y, a pesar de ello, siguen sufriendo de manera desproporcionada la pobreza, la discriminación y la explotación.
(Este trabajo es elaborado por Bárbara Marques, Blanca Sell y Anaïs Sánchez de Lucas, estudiantes y voluntarias en la FMxA)
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